La Ley de Dependencia define una serie de servicios a los que pueden acceder las personas dependientes. Por un lado se ofrecen servicios de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía, siendo programas preventivos y de rehabilitación desempeñados entre los servicios sociales y sanitarios, la ley de dependencia se aplica a aquellas personas que por razones de edad, enfermedad o discapacidad son dependientes de forma permanente; la persona en cuestión no dispone de autonomía física, mental o sensorial. De modo que precisan de una o varias personas para realizar las actividades de la vida diaria.

 Así pues, de dicha ley (conocida como 39/2006) se deriva el actual sistema de soporte para personas discapacitadas, formado por un conjunto de servicios y prestaciones destinados a la promoción de la autonomía personal, así como a la protección y atención a las personas, a través de servicios públicos y privados concertados debidamente acreditados (el cual recibe el nombre de Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia).

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